VENEZUELA APRUEBA LEY PARA FINANCIAR PENSIONES CON CONTRIBUCIóN OBLIGATORIA DE EMPRESAS PRIVADAS
CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad el martes una ley para aumentar el monto de las pensiones que obliga a las empresas privadas a pagar el equivalente de hasta 15% del total de salarios y bonos que devengan sus empleados.
La llamada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista busca elevar los recursos que reciben los pensionados venezolanos, cuyos ingresos ya no alcanzan para comprar medicinas y alimentos ante el aumento de los precios, ahora fijados en dólares, y la alta inflación que el gobierno atribuye al impacto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
El gobierno venezolano ha experimentado una marcada merma de sus ingresos por la caída de la producción petrolera a cerca de sus niveles más bajos en décadas, como resultado de la mala gestión, la corrupción y las sanciones de Estados Unidos. El petróleo ha sido tradicionalmente la principal fuente de ingresos del país a través de las exportaciones.
Hasta ahora, los empleadores —ya sean públicos o privados— hacían aportes a la seguridad social, así como los trabajadores, destinados a las pensiones. La nueva ley impone una contribución adicional a las empresas, cada mes, por tiempo indefinido.
En Venezuela, es común que los trabajadores activos tengan dos o hasta tres empleos para aumentar sus ingresos. Muchos de los jubilados, por su parte, se han visto forzados a emplearse nuevamente para costear parte de sus necesidades.
La norma fue presentada la semana pasada al Legislativo unicameral por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y recibió el martes el respaldo de la Asamblea.
La contribución de las empresas privadas irá al sistema de seguridad social y la ley contempla algunas exenciones, según informó el gobierno, sin dar más detalles.
Se trata de una “contribución especial aplicable a las personas jurídicas, así como a cualesquiera otras sociedades de personas; incluye a las irregulares o de hecho, de carácter privado domiciliadas o no” en el país, que realicen actividades económicas en Venezuela, indicaron los legisladores.
La norma, que contiene solo 15 artículos, busca “coadyuvar la protección especial de las pensiones” frente a “los perversos efectos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas extraterritorialmente contra el país”, mencionaron los asambleístas en alusión a las sanciones de Estados Unidos impuestas para forzar al presidente Nicolás Maduro a renunciar y a lo que el mandatario venezolano llama una “guerra económica” promovida por sus opositores.
El monto de las pensiones en Venezuela se fija tomando como referencia el salario mínimo, que se mantiene inamovible desde marzo de 2022 en 130 bolívares al mes. En ese entonces el salario era equivalente a 30 dólares al mes, ahora es de apenas unos 3,55 dólares. En la práctica, el salario mínimo, que devengan millones de venezolanos, no alcanza para comprar un litro de aceite de maíz al mes, que tiene un costo de 3,69 dólares.
El pasado 1 de mayo, Maduro anunció que se incrementaría de 100 a 130 dólares el “ingreso integral de los trabajadores”, constituido en su totalidad en bonos --incluido el llamado bono de alimentación, que se paga a los trabajadores que prestan servicios en el sector público y privado-- con el propósito de compensar en parte la falta de incremento del salario mínimo.
Los bonos son blanco de críticas de los trabajadores porque no tienen incidencia en otros beneficios contractuales, tales como vacaciones, primas de antigüedad y el bono legal y obligatorio de fin de año -que solía ser el motor financiero de las familias en diciembre.
El monto de los bonos, además, sigue siendo insuficiente para adquirir la denominada cesta básica de alimentos, estimada en abril pasado en unos 548,65 por el no gubernamental Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas).
Los sindicalistas, jubilados y pensionados aspiraban un aumento del salario mínimo hasta 200 dólares mensual.
El economista José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela (BCV), advirtió en sus redes sociales que la medida aumentará los costos laborales de las empresas privadas y “puede inhibir la creación de empleos formales” y generar otras distorsiones.
El organismo recaudador de impuestos estará a cargo del procedimiento de verificación y fiscalización en el pago de la contribución especial. Se prevén multas de hasta 1.000 veces el monto, calculado al tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor fijado por el BCV.
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